Responsabilidad Social Corporativa y ética en empresas de comunicación

Daniel Aparicio, profesor de la UCM

Núm. 218 | 28.10.2008

En pocos sectores como en el periodístico resulta tan obvio el ámbito que abarca la Responsabilidad  Social Corporativa, debido precisamente a  la naturaleza de su actividad, en la que ya impera, como imprescindible punto de partida, la exigencia de responsabilidad. El profesional de la información es un agente social.

Es cierto que las compañías de comunicación deben aprender, como el resto de compañías de otros sectores, a respetar horarios de los trabajadores, a desarrollar su actividad en una forma respetuosa con el medio ambiente, etc... En esto, efectivamente, han de mejorar, porque nunca han sido, en absoluto, un modelo a seguir. Que les pregunten a los trabajadores en medios de comunicación cómo se puede buscar la conciliación familiar (o cualquier otra modalidad de conciliación) con jornadas de esas en las que sabes cuándo empiezas pero no cuándo terminas... “La profesión es lo que tiene, claro”. Claro. Es lo que tiene.

Pero si de verdad hay que animarlas a ser socialmente responsables, creo que tienen otro campo de batalla mucho más importante, si cabe, que todo lo anteriormente citado, y es el de la responsabilidad social en sus propios contenidos. El medio ambiente que está en peligro aquí es otro. Nuestro problema es el calentamiento global informativo: concentración de medios en pocas manos, escasa o nula consulta de fuentes, profesionales que confunden la crítica dura con el insulto gratuito, sometimiento a intereses empresariales, homogeneización de agendas informativas, supervivencia de los gigantes de la comunicación en detrimento de los menos poderosos, etc...

Las empresas de comunicación son muy peculiares. Trabajan con información, que es, según está reconocido en nuestra propia legislación, un derecho en el que se sustenta buena parte de un Estado Social y Democrático de Derecho. Asimismo, nuestras leyes definen la información como un producto “que no puede ser objeto de consideraciones mercantilistas” (Ley de Cláusula de Conciencia de los profesionales de la información. Ley Orgánica 2/1997, de 19 junio. )

Según esto, parece complicado hacer compatible el ejercicio profesional de la información con la legítima rentabilidad empresarial. Si la información es la mercancía, ¿cómo hacerla rentable al margen de “consideraciones mercantilistas”? Lo que un directivo alega cuando se le achacan malos modos en la consecución de audiencias es precisamente su derecho a obtener beneficios económicos. “Es lo que hay”. Claro. Es lo que hay.

¿Significa eso que una empresa de comunicación puede ofrecer aquellos contenidos que le aportan más audiencia, aunque eso afecte al derecho de información?  En principio no. La ley marca unos límites que no deben sobrepasarse nunca: el derecho a una información veraz, el respeto a la infancia, el derecho a la intimidad, etc. ¿se cumplen estas normas? Debería ser que sí, pero, claro, no es lo que parece.

La falta de credibilidad que atraviesan los medios sigue al alza y no parece que la tendencia vaya a cambiar. Sin embargo, sí que hay algunos caminos que conducen a otra comunicación posible. Entre otros:

1º La legislación. Hay leyes suficientes en el ámbito español como para garantizar el ejercicio de un periodismo ético y socialmente responsable. Hasta ahora, se ha tendido más por la propia autorregulación en los medios, o por la firma de códigos de conducta llenos de buenas palabras, que hasta ahora resultaron más bien papel mojado (el Código de Autorregulación sobre Contenidos Televisivos e Infancia, por ejemplo). El gobierno de Zapatero se comprometió a desarrollar una ley de creación de un Consejo Audiovisual que ayudara a mejorar de forma efectiva el cumplimiento de las normas y el desarrollo profesional, pero, tras una primera legislatura, dicha ley no ha se ha desarrollado aún.

2º Los directivos de los grandes medios. Deberían definitivamente confiar en que hacer un buen ejercicio periodístico redunda en un mejor resultado empresarial. La fidelidad a las leyes, a unos principios éticos y en definitiva, el respeto al ciudadano, generan una relación de confianza con la audiencia que es también rentable económicamente. Ni que decir tiene que es socialmente aún más rentable.

3º La audiencia. Los ciudadanos aún no han tomado conciencia de que se merecen una información mejor. Como la televisión (los medios en general) es, o más bien parece, gratis, no se le exige demasiado. Hasta ahora sí hemos aprendido a demandar a un restaurante que nos sirve comida en mal estado, pero no actuamos igual si un medio nos da información intoxicada. Tan sólo algunas asociaciones aisladas alzan la voz en el desierto. Pero aún falta que la opinión pública tome auténtica conciencia de lo que debe exigirle a los medios de comunicación.

4 º Los profesionales de la información. No deberían ejercer de correa de transmisión de un modelo que se ha mostrado fallido en demasiadas ocasiones. La ley le reconoce al profesional el derecho a no ser utilizado como un “mercenario abierto  a todo tipo de informaciones y noticias que son difundidas al margen del mandato constitucional de veracidad y pluralismo” (Ley de Cláusula de Conciencia de los profesionales de la información). Es difícil resistir cuando tu puesto de trabajo depende de ello, pero hay caminos, el legal el primero, para conseguirlo. Aún así, conviene seguir dando pasos. Todavía el periodista sigue siendo una pieza frágil dentro de la maquinaria empresarial.

Podemos olvidarnos, pues, de actitudes paternalistas. Olvidémonos de técnicas de marketing social. Si los medios de comunicación se centran en aquello para lo que fueron concebidos, que es ofrecer un servicio público al ciudadano, ya habrán cumplido de lejos con su cuota de responsabilidad social. Lo que hace falta afianzar en la sociedad, y por extensión en las empresas de comunicación (ya sean públicas o privadas) es, por un lado, la creencia de que los ciudadanos a los que se dirigen merecen ser tratados como público (como individuos), y no como masa amorfa (audiencia). Y, por otro lado, la convicción de que una sociedad bien informada es una sociedad más empoderada, y por tanto, más democrática y libre. Eso es el servicio público.

Por cierto, que el anteproyecto de la futura ley General Audiovisual deja de considerar los servicios de radio y televisión como “servicios públicos esenciales” para pasar a ser “servicios de interés general”. Esperemos que el cambio de consideración no vaya en detrimento del ciudadano. Parece que no es más que una adecuación para poder dar respuesta a los cambios (sobre todo tecnológicos) de los últimos años. Pero claro... ¿será lo que parece?

Daniel Aparicio, profesor de la UCM