Marcos de Castro, presidente de CEPES

Acerca del Consejo Estatal de la RSE

Marcos de Castro, presidente de Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES)

Núm. 191 | 19.02.2008

El Consejo de Ministros del pasado día 15 de febrero ha aprobado la creación de un Consejo Estatal de la RSE. Con ello se pretende cumplir con las recomendaciones del Senado y del Foro de Expertos, coordinado por el Ministerio de Trabajo, que solicitan al Gobierno la creación de este Consejo.

Este Foro de Expertos afirmaba que “desde el Senado y el Foro de Expertos aparece el Consejo como una plataforma pública que integre a los diversos agentes sociales en la orientación a los Poderes públicos de políticas que fomenten la implementación de RSE, tanto en las empresas como en la propia Administración”, asumiendo entre sus funciones aquéllas que “impulsen la implantación de la política pública de promoción en materia de información sobre RSE”. Se quiere un observatorio de la RSE en España. Estará compuesto “por miembros procedentes de las partes interesadas, integrado, por lo tanto, por representantes de las organizaciones empresariales, de las organizaciones sindicales, de las ONGs (en los ámbitos de defensa del medio ambiente y derechos humanos, acción social y discapacidad entre otros), de los consumidores y usuarios, de la economía social y de las Administraciones Públicas”. A nadie se excluye.

El Foro ha sido una plataforma integradora de todos los que podían opinar en el comportamiento de las empresas y de las instituciones. Estaban las propias empresas (algunas individualmente, otras asociadas en torno a figuras defensoras de comportamientos éticos) y otro tipo de entidades (organizaciones o asociaciones: como ONG’s, consumidores, economía social, cajas…). Se hallaban representadas todas las sensibilidades sociales. No quisieron estar en su constitución ni la patronal ni los sindicatos.

Pero ha ocurrido algo en el proceso, hasta llegar al Consejo de Ministros, que merece alguna reflexión. Todo lo discutido se ralentizó hasta que la Mesa del Diálogo Social (Administración, patronal y sindicatos) dieran su visto bueno al Consejo Estatal de la RSE que se proponía, a sus funciones y a su composición. No desde las propuestas ya planteadas sino desde los criterios de estos agentes. Lo que cuestiona si los debates previos tuvieron significado. Subyace a esta “frenada” la convicción de que nada vale si no es aprobado por  los protagonistas  que absorben la única instancia de diálogo institucional, válida y decisoria, como es la Mesa del Diálogo Social: patronal y sindicatos. Todo lo demás son tanteos que orientan, en el mejor de los casos, a quienes dicen representar a todos. Se crean órganos de debate que tan sólo son de debate. Y, mientras, sueñan que lo que discuten sirve para tomar decisiones, pero olvidan que éstas radican en el consenso de sindicatos y patronal, exclusivamente. Esta convicción hizo que algunas ONG’s importantes se retiraran del Foro de Expertos. Dominó el criterio de si sólo deciden “ellos” que sólo opinen “ellos”. Otras tuvieron la misma tentación pero optaron por dar alguna oportunidad a la veracidad del diálogo institucional que se estaba trabajando. En el fondo se cuestiona que la sociedad civil opine.

El Consejo Estatal de la RSE estará compuesto por cuatro grupos, tres perfectamente identificados: patronal, sindicatos y Administración pública. Uno intencionadamente indefinido. Quizá para que en él puedan caber asociaciones participadas por patronal y sindicatos, duplicando su presencia en contra de otras plataformas de la sociedad civil. Con ello se corre el riesgo de disfrazar de participación institucional lo que, al fin, es excluyente. La Administración forzó que se explicitara la presencia de ONG, consumidores, discapacidad, universidades y economía social. Pero no se admitió la propuesta que hicieron organizaciones de la sociedad civil para que no se duplicara presencia al admitir la posible inclusión de entidades participadas, directa o indirectamente, por patronal o sindicatos.

Esta situación conlleva algún cuestionamiento de la democracia participativa. Demostrada la escasa resonancia de la democracia representativa, que, al fin, se reduce a un voto y dejando de lado, con alguna frecuencia, las inquietudes ciudadanas, emerge el concepto de democracia participativa, demandando estructuras que fomenten la participación e implicación ciudadana. Que es recibida, a veces, desde la pereza de quien ya se cree pocas cosas. Y en este caso parece que también es ralentizada la participación ciudadana por mecanismos hieráticos que solo representan a unos agentes, pero no integran a todos.

En este sentido, existe una demanda, derivada más bien de la patronal, que pretende que todo lo referente a empresas se quede en el ámbito de su propio debate. Lo que significaría que solo ellos pueden opinar sobre el comportamiento empresarial, olvidando que la empresa es una institución social, que vive en la sociedad, de ella se alimenta y con ella se interrelaciona. Su comportamiento tiene repercusiones sociales. Expulsar de este debate a las estructuras representativas de la sociedad civil  (ONG’s, consumidores…) y a otras formas de emprender diferentes de la tradicional (economía social) comporta olvidar que es, precisamente, el comportamiento abusivo de determinadas empresas lo que genera la necesidad de implantar la RSE. Se habla de RSE porque no existe en la realidad. Porque la sociedad quiere empresas que se interrelacionen respetuosamente con sus inquietudes.

No hacer un Consejo de RSE equilibradamente integrador de todas las opiniones significará vaciarlo de contenido, desestabilizar su representatividad y dejar sin sentido lo demandado por el Senado, por el Foro de Expertos… para construir una nueva plataforma reproductora de opiniones expresadas ya en otros foros protagonizados por los mismos.

Marcos de Castro, presidente de Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES)