Entre las novedades, el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino -que incluirá la Secretaría de Estado de Cambio Climático- y el Ministerio de Igualdad

La RC y la nueva estructura del Gobierno

Nueve ministras, ocho ministros, siete nuevas secretarías de Estado, dos nuevos ministerios y una gran fusión. La nueva estructura del Gobierno puesta en marcha por José Luis Rodríguez Zapatero tras su investidura afectará también a las políticas de Responsabilidad Corporativa y a las empresas que las ponen en práctica.

La reducción de emisiones de CO2, la aplicación de la Ley de Igualdad o la de Contratos del Sector Público, son algunos de los ámbitos en los que la acción del Gobierno puede afectar a la RC de las empresas. Conviene, por tanto, explicar en qué medida la reestructuración recientemente puesta en marcha viene a repartir, dividir, reorganizar o considerar en mayor medida competencias que afectan a la RC.

El día 12 de abril, después de jurar el cargo de presidente del Gobierno, Zapatero anunciaba la formación de su Ejecutivo. Sorprendían dos aspectos relevantes. Lo primero, era que se trataba del primer Ejecutivo formado por más mujeres que hombres. Y, lo segundo, era su estructura. Se crean nuevos ministerios, otros desaparecen y sus competencias se fusionan.

La gran fusión: Medio Ambiente y Agricultura, Pesca y Alimentación

Una de las novedades en la estructura del Gobierno afecta a Medio Ambiente, Agricultura y Pesca. De estos ámbitos, antes separados en dos carteras, nace el Ministerio de Medio Ambiente,  Medio Rural y Marino. Cristina Narbona, hasta ahora ministra de Medio Ambiente, sale del Gobierno, y el más alto cargo dentro de este nuevo ministerio pasa a ocuparlo Elena Espinosa, hasta ahora ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación. A Espinosa, quién se queda con el nuevo ministerio, le toca afrontar grandes retos como el compromiso de cumplimiento del protocolo de Kioto, por el que se deben reducir en un 30% las emisiones de CO2 para 2020.

El planeta empieza a resentirse de los efectos producidos por el cambio climático y, por su parte, la sociedad comienza a preocuparse por cómo detener este impacto. Son los mandatarios ahora quienes deben proponer y aplicar medidas para atajar este problema. El presidente Zapatero, por su parte, ha centrado su discurso medioambiental en la lucha por cumplir con Kioto, cuestión en la que España lleva un notable retraso frente a otros países de la UE.

La nueva estructura del Gobierno le otorga un mayor rango a este asunto. Se eleva la Oficina Española de Cambio Climático (OECC) a la condición de Secretaría de Estado, por lo que la primera desaparece.  La elegida por el Consejo de Ministros para ser secretaria de Estado de Cambio Climático ha sido Teresa Ribera que se había estado encargando hasta ahora de la OECC. Rivera, licenciada en derecho por la Universidad Complutense de Madrid, ocupaba este cargo desde octubre de 2004. Antes, fue jefa del Servicio de Coordinación Normativa del Ministerio de Fomento, consejera técnica en el Gabinete del Subsecretario de Medio Ambiente y jefa de área de Cumplimiento y Desarrollo y Coordinación en la propia OECC antes de pasar a dirigirla. Por tanto, para ocupar esta Secretaría de Estado, se ha nombrado a una persona con experiencia en la gestión de medidas que combatan al cambio climático.

La novedad entonces ha estado en pasar a considerar que las políticas de cambio climático deben ser gestionadas en una Secretaría de Estado. Con ello, se consigue que este tema tenga una mayor presencia en el Consejo de Ministros. Teresa Ribera, por el cargo que ostenta, estará presente en la Comisión General de Secretarios y Subsecretarios de Estado, que preside la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. En este organismo se preparan a un nivel más específico los temas sobre los que se va a debatir y deliberar en el Consejo de Ministros. Supone un escalón inmediatamente inferior al Consejo en el que por, primera vez, una secretaria se ocupará única y exclusivamente del cambio climático.

Entre las competencias de esta nueva Secretaría se encuentra la gestión del comercio de derechos de emisión. A través de estas políticas se podrán dar autorizaciones o establecer un techo de emisiones, entre otras medidas, que pueden ser consultadas en la web del ministerio.

Pero la fusión de Agricultura y Medio Ambiente no ha agradado a colectivos ecologistas ni a sindicatos agrarios. Para Ecologistas en Acción, supone un “retroceso brutal” que puede afectar a la gestión de la sostenibilidad. Mientras que otras ONG ecologistas pedían a Zapatero la creación de un gran Ministerio de Medio Ambiente asignándole competencias que tienen Economía, Industria o Fomento.

Sin embargo los planes de los socialistas, respecto a la cabida del cambio climático en la estructura del Gobierno, en un principio eran otros. Según informaba el diario El País el 27 de noviembre de 2007, el borrador del programa electoral del PSOE planteaba la creación de una Vicepresidencia de Sostenibilidad que asumiría “las competencias de medio ambiente, cambio climático y energía, con una función de coordinación interinstitucional con el fin de que todos los departamentos lleven a cabo políticas coherentes y coordinadas en materia de sostenibilidad”. También proponía el cobro de un céntimo por litro de gasolina para luchar contra el cambio climático. Estas dos propuestas no formaron parte de la versión final del programa con el que los socialistas concurrieron a las elecciones del pasado 9 de marzo.

División y reparto de competencias del antiguo Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

El hasta ahora Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha sufrido modificaciones que no se han quedado solamente en su cambio de nombre (Ministerio de Trabajo e Inmigración). Las competencias sobre Asuntos Sociales pasan al Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, de Mercedes Cabrera. El desarrollo de las leyes de Igualdad y de Violencia de Género pasa a ser competencia del nuevo Ministerio de Igualdad dirigido por Bibiana Aído.

El ministro de Trabajo e Inmigración nombrado por Zapatero es Celestino Corbacho. Ingresó en el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) en 1976, no tiene estudios superiores. Corbacho ha sido desde 1995 alcalde de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona). En julio de 2003 se incorporó a la Diputación de Barcelona, de la que ya había formado parte, esta vez como vicepresidente primero y diputado delegado de Relaciones Internacionales y Participación Ciudadana. En abril de 2004, pasar a presidir esta institución. Sale del Gobierno su predecesor, Jesús Caldera, gestor de las políticas sociales que el Partido Socialista ha llevado a cabo durante la VIII legislatura.

En todo caso sigue formando parte del Ministerio Trabajo e Inmigración la Dirección de la Economía Social. Continúa encargándose de este organismo Juan José Barrera.

Igualdad como Ministerio

Las leyes de Igualdad y la de Protección Integral Contra la Violencia de Género fueron concebidas en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de Jesús Caldera hace ahora poco más de un año. Hoy, su desarrollo pasa a ser competencia del nuevo Ministerio de Igualdad dirigido por Bibiana Aído. Este cometido afectará también a las políticas de RC de las empresas. Por ejemplo, el artículo 34 de la Ley de Igualdad expone que la toma de medidas encaminadas a la promoción de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres será tenida en cuenta a la hora de que las empresas sean parte de un contrato con la Administración Pública.

La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, es la más joven del gabinete de Zapatero. Nació el 2 de febrero de 1977 en Alcalá de los Gazules (Cádiz). Es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Cádiz. Su actividad profesional la comenzó en Unicaja en noviembre de 2000. En 1993 ingresó en las Juventudes Socialistas de Cádiz para, dos años más tarde, afiliarse al PSOE. Dentro del partido es secretaria de Igualdad de la Comisión Ejecutiva Provincial de Cádiz. En 2003 fue nombrada delegada provincial de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía en Cádiz hasta julio de 2006. En ese momento pasa a ser directora de la Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco. En las elecciones autonómicas del 9 de marzo consiguió el acta de diputada por Cádiz en el Parlamento Andaluz, a la que ha tenido que renunciar por la incompatibilidad con su nuevo cargo.

El Ministerio de Igualdad se estructura en dos órganos: la Subsecretaría de Igualdad y la Secretaría General de Políticas de Igualdad, ésta con rango de subsecretaría. Isabel Martínez será la nueva secretaria general de Políticas de Igualdad en sustitución de quién hasta ahora ocupaba ese cargo, Soledad Murillo. Martínez ha sido asesora de Vicepresidencia Primera del Gobierno.

De la Subsecretaría General de Políticas de Igualdad dependerá la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, la Dirección General para la Igualdad en el Empleo, la Dirección General contra la Discriminación, el Instituto de la Mujer y el Consejo de Participación de la Mujer.

Un nombramiento muy sonado ha sido el de Miguel Lorente al frente de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, por su condición de hombre. Lorente es médico forense y experto de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en temas relacionados con la violencia machista. Hasta ahora ha sido el máximo responsable de la Dirección de Asistencia Jurídica a Víctimas de Violencia de la Junta de Andalucía.

Pero hay otros asuntos relacionados con la RC que afectan a varios ministerios. La ley de Igualdad contiene algún artículo que tiene que ver con la contratación con la Administración Pública, pero el desarrollo de los contratos los marca la nueva Ley de Contratos del Sector Público que entraba en vigor el pasado 30 de abril. El grueso de su aplicación corresponderá a Fomento, de nuevo a cargo de Magdalena Álvarez, y del Ministerio de Vivienda, dirigido por Beatriz Corredor. Desde estos ministerios se agilizarán los planes de obras públicas para combatir el frenazo de la construcción. De momento, la norma ya ha sido calificada de “compleja” por el sector privado de la construcción pese a haber existido seis meses desde su publicación en el BOE hasta su entrada en vigor.

El Ejecutivo cuenta con los cien días de rigor para que se empiecen a materializar las promesas en torno a la RC con las que los socialistas concurrieron a las elecciones. Entre ellas, la gran apuesta del PSOE en materia de RC, el Consejo Estatal de la RSE, como un organismo consultivo adscrito al Ministerio de Trabajo. Con esta nueva estructura de Gobierno el presidente del Gobierno, José L. Rodríguez Zapatero deberá hacer avanzar las políticas de RC.

Daniel Hdez. Baldó | Responsables.biz