Cero emisiones

Las reducciones y compensaciones voluntarias de dióxido de carbono (CO2) están generando un floreciente mercado dentro de la economía de la sostenibilidad

Núm. 202 | 20.05.2008

Bajo el rótulo de  ‘Empresa CeroCO2’, se alinean desde esta misma semana dos entidades (Liberty Seguros y Grupo Havas),  avaladas por el distintivo  —único en España— otorgado por la iniciativa conjunta de la ONG Acciónnatura y la Fundación Ecología y Desarrollo, que busca  promover la lucha contra el cambio climático a través de acciones de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. El sello implica contar con la certificación de que la organización en su totalidad, el producto o el evento que lo recibe ha calculado y compensado todas sus emisiones de dióxido de carbono a través de actuaciones que contribuyen al desarrollo sostenible, bien en forma de proyectos de energías renovables, de eficiencia  energética, de gestión de residuos, de reforestación o bien que evitan la deforestación.

Y precisamente este proyecto (CeroCO2) subraya la existencia de un mercado voluntario de emisiones —en crecimiento abrumador durante los últimos  años—, sustentado por  proyectos, empresas y entidades de todo tipo, que sin estar sometidas a los rigores de los planes de asignaciones establecidos en el marco de Kioto, deciden invertir en proyectos dirigidos a neutralizar sus emisiones.

Según el informe “Offsetting Emissions: A Business Brief on the Voluntary Carbon Market”, publicado el pasado  febrero, este mercado mundial, aún en fase de creación, ya estaría valorado en más de 100 millones de dólares. Además, los autores del estudio, Ecosystem Marketplace y Business for Social Reponsibility (BSR), apuntan un fuerte crecimiento para los próximos años. La respuesta a estas expectativas ha sido el florecimiento de una industria de proveedores y protocolos, estándares y programas de certificación, dedicados a garantizar la confianza y calidad de este mercado. Por lo tanto, se dibujan múltiples y nuevas oportunidades de negocio, vinculadas a esa economía de la sostenibilidad que cada vez con mayor claridad se anticipa desde la Responsabilidad Corporativa.

Ya en el ámbito español, se hace patente  también una creciente demanda por parte de las empresas de productos y servicios relacionados con la compensación de CO2, con lo que es de prever que en los próximos años se produzca un desarrollo importante de iniciativas y propuestas. En Estados Unidos y Reino Unido, que llevan varios años de ventaja, el debate se ha centrado no tanto en el coste de las compensaciones como en la calidad de los proyectos que las rodean y certifican. Y  de ahí, el esfuerzo por generar estándares y certificaciones rigurosas que legitimen un mercado definido por la voluntariedad y un margen de acción mayor que aquel regulado por el ‘Protocolo de Kioto’,  ya que esta misma expectativa de negocio puede generar una colisión de iniciativas que al cabo resulten contradictorias, confusas o poco escrupulosas, dañando su credibilidad.

En consecuencia, la calidad y la transparencia serán previsiblemente, también en España, los dos atributos determinantes para que empresas, proveedores y entidades certificadoras consigan legitimar la compensación como un mecanismo que distinga y confirme el compromiso de las organizaciones con el cambio climático. Por el momento, la difusión de las recomendaciones hechas desde Ecosystem Marketplace y BSR, pueden resultar de gran utilidad, precisamente a fin de apoyar la selección de un sistema que no ponga en duda el compromiso ambiental de las compañías que lo asuman. La compensación debe ser un mecanismo adicional en el sistema de reducción del dióxido de carbono, realizarse a través proyectos reales, tangibles y medibles mediante metodologías compartidas y verificables por un tercero; las compensaciones conseguidas deben permanecer en el tiempo y establecer su medición en estricta correlación con  un periodo de emisión establecido, que sirva de base para los cálculos de ahorro de emisiones pretendidos. Por último, no hay que olvidar la imprescindible implicación de la Administración del Estado: se necesitan instrumentos legales que definan los límites y las características de la compensación.

Mientras tanto, sean bienvenidas todas aquellas iniciativas que desde el rigor y la transparencia ayuden a que las compañías reduzcan sus emisiones y encuentren caminos para gestionar sus compensaciones. En definitiva, proyectos que consoliden un mercado voluntario de emisiones español, que contribuyan a la lucha contra el cambio climático y que, además, supongan oportunidades de negocio.